Cada 12 de febrero el mundo conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes para el Conflicto Armado, también conocido como el “Día de las Manos Rojas”.
La fecha busca visibilizar una de las más graves violaciones a los derechos humanos en contextos de guerra: el reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.
En Colombia, esta conmemoración tiene un significado profundo. Durante décadas de conflicto armado interno, miles de menores fueron arrancados de sus hogares, sus escuelas y sus comunidades para ser incorporados de manera forzada a estructuras armadas ilegales. Guerrillas, grupos paramilitares y organizaciones criminales han recurrido al reclutamiento infantil como estrategia de guerra, desconociendo de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los testimonios recogidos por entidades oficiales y organizaciones defensoras de derechos humanos revelan una realidad desgarradora. Muchos de estos niños fueron obligados a portar armas, participar en combates, realizar labores de inteligencia o servir como mensajeros y campaneros. En numerosos casos fueron expuestos como “carne de cañón” en enfrentamientos armados, enviados a zonas de alto riesgo o utilizados para tareas que ponían en peligro inminente sus vidas.
La violencia no se limitó al campo de batalla. El reclutamiento vino acompañado de maltrato físico, castigos ejemplarizantes, amenazas constantes y sometimiento psicológico e incluso la muerte. Las niñas, en particular, han enfrentado formas adicionales de victimización, incluyendo abuso sexual, explotación y embarazos forzados. Estas prácticas dejan secuelas profundas que afectan el desarrollo emocional, social y educativo de quienes lograron salir con vida de esos escenarios.
El reclutamiento forzado constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. En Colombia, la legislación penal tipifica esta conducta y establece sanciones para quienes instrumentalicen a menores de edad en el conflicto. Además, el Estado ha implementado programas de atención y restablecimiento de derechos para niños y adolescentes desvinculados de grupos armados, orientados a su reintegración familiar, escolar y comunitaria; aunque la respuesta institucional resulta ser insuficiente ante la magnitud del problema.
La persistencia de economías ilegales, la presencia de estructuras armadas residuales y la disputa territorial en algunas regiones del país continúan generando riesgos para la niñez. En zonas rurales apartadas, donde la institucionalidad es débil y las oportunidades escasas, los menores siguen siendo vulnerables a presiones, amenazas o engaños por parte de actores armados.
El Día de las Manos Rojas no es solo una jornada simbólica. Es un llamado urgente a fortalecer la prevención, garantizar entornos protectores, ampliar la oferta educativa y social en territorios históricamente afectados por la violencia, y consolidar la implementación de los acuerdos de paz y las políticas de protección integral. También es una invitación a la sociedad civil a no normalizar el horror de la violencia y a reconocer que cada niño reclutado representa un proyecto de vida truncado.
Proteger a la niñez del flagelo del reclutamiento no es únicamente una obligación jurídica del Estado; es un imperativo ético colectivo. Mientras un solo niño sea obligado a empuñar un arma, la paz seguirá siendo incompleta. El compromiso debe ser claro: ninguna causa, ideología o interés criminal puede justificar que la infancia sea convertida en instrumento de guerra.
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