En medio del debate nacional que se ha suscitado por el Decreto de Emergencia Económica y Social anunciado por el Gobierno Nacional, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, manifestó su respaldo a las medidas adoptadas, desmarcándose de la postura asumida por varios gobernadores del país que han expresado su rechazo.
La medida de emergencia económica y social decretada por el presidente, Gustavo Petro, a finales de diciembre de 2025 busca afrontar el déficit presupuestal del estado y garantizar recursos para la sostenibilidad de programas sociales, el funcionamiento institucional y la atención de sectores estratégicos. Este decreto faculta al Gobierno Nacional para adoptar, de manera transitoria, medidas tributarias y fiscales que permitan fortalecer las finanzas públicas mientras se supera la coyuntura económica.
Entre los aspectos que más debate han generado, se encuentran los ajustes a algunos impuestos nacionales, lo que ha despertado preocupaciones en varias regiones por su posible impacto en la autonomía territorial y en las finanzas departamentales.
Frente a este panorama, el gobernador de Nariño se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó su apoyo a la decisión nacional, señalando que «el país atraviesa un momento complejo que exige responsabilidad institucional, unidad y acciones coordinadas entre el Gobierno Nacional y los territorios«.
En su mensaje, Luis Alfonso Escobar también resaltó la importancia de respaldar las decisiones que buscan estabilidad fiscal y social, insistiendo en que los entes territoriales deben contribuir a la búsqueda de soluciones estructurales que permitan garantizar el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Este respaldo contrasta con la posición de un grupo de gobernadores que ha anunciado su desacuerdo con la emergencia económica, argumentando que algunas de las medidas contempladas podrían afectar los ingresos de los departamentos y vulnerar la autonomía fiscal consagrada en la Constitución. Asimismo, varios mandatarios han planteado la posibilidad de acudir a acciones judiciales, mientras la Corte Constitucional estudia la legalidad del decreto.
Pese a las diferencias entre las regiones y el Gobierno Nacional, el gobernador de Nariño insistió en mantener abiertos los canales de diálogo, priorizar el interés general y trabajar de manera articulada para que la implementación de las medidas pueda surtir un impacto positivo en inversión social, desarrollo regional y mejores condiciones de vida para los colombianos.
