El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al insistir que convocará una “consulta popular por decreto presidencial”, con el objetivo de destrabar las reformas sociales y estructurales que su gobierno ha impulsado desde el inicio de su mandato y que, según él, han sido sistemáticamente bloqueadas en el Congreso.
La decisión ha generado revuelo político y jurídico en Colombia, con voces a favor y en contra desde múltiples sectores, que advierten sobre los riesgos institucionales, pero también destacan la necesidad de una participación ciudadana decidida.
Argumentos jurídicos del Gobierno
Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro y su equipo jurídico sostienen que la convocatoria por decreto tiene “fundamento en la Constitución Política”, particularmente en el “artículo 103”, que establece mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular, y en el “artículo 378”, que regula el procedimiento de las consultas de carácter nacional.
Entre los principales “argumentos jurídicos del Ejecutivo” se encuentran:
1. Facultad presidencial para convocar consulta: El Gobierno señala que el Presidente, con la firma de todos sus ministros, puede convocar una consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, y que no se requiere aprobación legislativa si se cumple con los requisitos establecidos.
2. Control previo de la Corte Constitucional: Aunque el decreto aún no ha sido radicado formalmente, el Ejecutivo asegura que someterá las preguntas a la revisión de la Corte Constitucional, como exige la ley, y que no incluirá asuntos que impliquen reforma constitucional directa.
3. Bloqueo institucional como justificación: El presidente Petro argumenta que existe un “cerco institucional” que impide llevar a cabo las reformas votadas por millones de ciudadanos en las urnas, y que la consulta representa una salida democrática frente a la falta de gobernabilidad.
4. Precedentes y respaldo popular: El Gobierno ha citado manifestaciones públicas que indican en cierta medida un respaldo ciudadano a sus reformas, y asegura que mecanismos similares han sido utilizados en otros gobiernos, aunque no de forma idéntica.
Reacciones políticas y sociales
El anuncio ha profundizado las tensiones entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado, y ha provocado reacciones inmediatas en el Congreso, la academia, gremios económicos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general.
Reacciones a favor
Coalición de Gobierno: Voceros del Pacto Histórico y sectores afines saludaron la decisión como un ejercicio legítimo de democracia directa. La senadora María José Pizarro afirmó que “cuando el Congreso se niega a legislar para el pueblo, es el pueblo el que debe decidir”.
Movimientos sociales: Diversas organizaciones campesinas, estudiantiles y sindicales respaldaron el anuncio y anunciaron movilizaciones para acompañar el proceso. Consideran que la consulta puede dar un nuevo impulso a las reformas de salud, pensiones y trabajo.
Críticas y advertencias
Oposición política: Desde partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y la Coalición de la Esperanza, se ha denunciado lo que consideran una “violación del orden constitucional”. El senador Miguel Uribe Turbay aseguró que “Petro pretende saltarse al Congreso y gobernar por decreto. Esto es populismo autoritario”, insistió el congresista.
Juristas y constitucionalistas: Expertos como Rodrigo Uprimny Yepes y Natalia Ángel alertaron sobre la ambigüedad legal de convocar una consulta por decreto. Aunque reconocen que la figura es constitucional, advierten que el procedimiento y el contenido de las preguntas serán claves para definir su legalidad y legitimidad, es decir, hay temas de fondo y de forma que se deben resolver.
Empresariado y gremios: Algunos sectores económicos han expresado preocupación por la incertidumbre institucional que podría generar la consulta. La ANDI emitió un comunicado en el que llama al “respeto por los canales institucionales y el equilibrio de poderes”.
Corte Constitucional: Aunque no se ha pronunciado oficialmente, se espera que la Corte juegue un rol crucial en este proceso. Su dictamen sobre la constitucionalidad de las preguntas definirá si el proceso avanza.
Lo que viene
Según el sector oficialista, el decreto de convocatoria será radicado en los próximos días, junto con el listado de preguntas propuestas. Si la Corte Constitucional lo aprueba, el Consejo Nacional Electoral deberá organizar la consulta, que podría celebrarse antes de finalizar el 2025.
Mientras tanto, Colombia entra en una nueva fase de confrontación política, donde el debate sobre el uso de la democracia directa y los límites del poder presidencial se vuelven el centro en el panorama nacional.
