La Alcaldía Municipal de Pasto, desde hace varios días viene adelantando una serie de operativos tendientes a recuperar el espacio público capitalino, invadido por la economía informal

Son cientos de personas las que sobreviven en actividades de rebusque, y que durante años no han tenido la posibilidad de acceder a un empleo formal, bien sea por que las oportunidades son pocas o porque decidieron trabajar en esa modalidad. Lo cierto es que el problema se fue agrandando con los años y tiende a salirse de las manos si no hay un acuerdo de voluntades entre autoridades y vendedores.

Hace unas semanas el propio alcalde Nicolás Toro, estuvo frente a los operativos y dialogó de manera franca con varias personas dedicadas a vender mercancías y alimentos en las principales calles de la ciudad, en esa ocasión la labor del burgomaestre fue pedagógica, ofreciendo además una reconvención laboral, a la cual muchos se acogieron mostrando el respaldo a la iniciativa.

Pero ante la poca efectividad de los diálogos y a la reincidencia en la ocupación del espacio público, se insistió en la reubicación de algunos comerciantes que previamente ya están inscritos y en proceso de asignarles un nuevo lugar de trabajo, con personas nuevas o que carecen de los permisos necesarios para estacionar sus puestos en un determinado sitio, se pasó de la concertación al decomiso, especialmente de frutas y otros alimentos de cosecha que se comercializan en las carreras 23, 24 y 25, entre las calles 17 a la 20.

«Queremos seguir con la presencia institucional y verificar lo que está sucediendo en el centro para evitar la aparición de nuevos vendedores informales. Primeramente hacemos un llamado de atención y posteriormente se realizará el decomiso de sus productos y así buscar la reconversión laboral», comentó el director (e) de Espacio Público, Darío Quintero.

La Ley 2037 de 2020, que regula el tema, busca garantizar la implementación efectiva de espacios públicos en los entes territoriales y prioriza las necesidades de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad para su uso. Esto, a través del fortalecimiento de las funciones del Gobierno central. En ese sentido el cumplimiento de la norma y el control del espacio público, está a cargo de las alcaldías locales, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Min Ambiente).

Mercedes Narváez, presidente de la Asociación de Economía Popular, señaló qué hay buena voluntad de muchos vendedores para acogerse a los programas de reubicación y reconversión laboral. Ante ello, la comerciante indicó que ya se está articulando con la Alcaldía para agilizar ese proceso en favor del espacio público.

Sin embargo, no todo avanza en armonía, varios de los vendedores informales que no se acogieron a la propuesta de la administración local, vieron como dentro del operativo en el que participó la Dirección Administrativa de Espacio Público, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Policía Nacional, se realizó el decomiso de mercancías, algunos intentaban recuperarlas por la fuerza, otros debatían con los funcionarios públicos, pues argumentan que ese es el único medio de sustento para su núcleo familiar y que en su mayoría trabajan con los denominados “préstamos gota a gota”.

Pero el análisis debe ir más allá de las circunstancias y es que muchas de estas personas a pesar de trabajar por décadas en las calles capitalinas, no tienen vivienda propia, no cotizan a salud y pensión y padecen de varias enfermedades por estar expuestos a la contaminación ambiental y a las condiciones duras del clima, el propósito de la alcaldía, es loable si se tiene en cuenta que se les está ofreciendo otras alternativas que aparte de asegurarles un ingreso económico, dignifica su labor y mejora sus condiciones de vida.

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