Consternación ha causado la noticia del vil asesinato de Jimmy Alejandro Rosero, personero de Cumbitara
Según los primeros reportes el funcionario público había sido objeto de amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley, que operan en la zona de cordillera, dichas intimidaciones eran conocidas por las autoridades, sin embargo, en este caso y en otros, no hay garantías para preservar la vida de quienes por sus funciones son los primeros respondientes ante situaciones de violación de Derechos Humanos y control de lo público.
El cuerpo de Rosero Chaves, fue encontrado sin signos vitales en el sector conocido como Puente Rojo, en jurisdicción del municipio de Policarpa; horas antes Jimmy Alejandro, había sido raptado por hombres armados cuando participaba de una reunión con la comunidad de la vereda Piedras Blancas, en zona rural de Cumbitara; quienes se lo llevaron a la fuerza; para luego dar con el fatal desenlace.
La muerte del personero de Cumbitara, causó inmediatamente voces de rechazo desde todos los sectores; La ONU, por ejemplo, se pronunció instando al Estado a tomar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y la vida de quienes son garantes de los derechos en el territorio: “Llamamos a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del homicidio del personero de Cumbitara”, señaló la organización internacional.
Lo propio sucedió con la Defensoría del Pueblo, que en un comunicado oficial rechazó vehementemente el asesinato del servidor público: “Recibimos la noticia del homicidio del personero de Cumbitara, quien había sido secuestrado en horas de la tarde. Repudiamos absolutamente este acto y todas aquellas agresiones e intimidaciones que amenacen la vida y labor de los personeros y personeras del país”, afirmó Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo.
Mientras que, en redes sociales, personas del común piden celeridad y justicia destacando que en los territorios apartados la institucionalidad está a merced de los violentos. “Estamos a la deriva, en manos de los armados ilegales”, escribió una persona en su red social al conocer el hecho.
Según Indepaz, existe una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo (AT-008/24), en la que es “inminente el riesgo para los municipios de El Rosario, Leiva, Policarpa, Cumbitara y Taminango”, donde existe una confrontación bélica por disputas territoriales entre varios grupos alzados en armas. Según las cifras oficiales en lo corrido del 2024, han sido asesinados en el país 154 personas que por su roll tenían distintos niveles de liderazgo social.
