*Imagen de referencia AI
El paro camionero en Colombia, originado por el incremento del ACPM (Aporte al Cargo por Combustible para el Mantenimiento), ha generado un impacto significativo en la economía y la sociedad del país.
El aumento del ACPM, implementado por el gobierno para financiar proyectos de infraestructura, ha sido percibido como una carga adicional para los transportistas, quienes ya enfrentan altos costos operativos y bajos márgenes de ganancia.
En respuesta, a la medida anunciada desde la Casa de Nariño, los camioneros han decidido tomar medidas de protesta, incluyendo bloqueos intermitentes de carreteras y paros de actividades, lo que ha afectado la distribución de mercancías y suministros en todo el país.
Existe una preocupación bien fundamentada en el sector salud, que anuncia posibles complicaciones en su red de distribución de medicamentos e insumos médicos, de los cuales dependen miles de pacientes en todo el territorio nacional.
En el mismo sentido se han pronunciado las autoridades del sur occidente colombiano, en el caso de Nariño, por ejemplo, tanto el gobernador Luis Alfonso Escobar, como el Alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, han hecho un llamado al dialogo, para evitar las millonarias pérdidas que ocurren cuando hay una parálisis prolongada.
Toro Muñoz, advirtió que las existencias de combustible tipo gasolina solo alcanzan para 4 días de demanda, lo mismo con el GLP, cuyas reservas en las empresas distribuidoras es de apenas 7 días, por tanto ya se registran en la capital nariñense extensas filas en las bombas, donde bajo decreto se vende el carburante con restricción, los carros de servicio público y de entidades oficiales o de salud pueden comprar ‘hasta 100 mil pesos, mientras que los vehículos particulares solo es permitido 50 mil y las motocicletas 20 mil.
En consecuencia, el paro genera encarecimiento de productos básicos en algunas regiones, Incremento de precios en el transporte de productos no perecederos; problemas en la cadena de suministro para la industria y el comercio, inconvenientes para los ciudadanos que dependen del transporte de carga, es decir toca directamente el bolsillo de los ciudadanos de a pie.
El gobierno ha intentado dialogar con los líderes del paro, pero aún no se ha logrado un acuerdo que ponga fin a la protesta. La propuesta de la Ministra de Transporte Maria Constanza García, no fue de buen recibo por parte del gremio transportador, pues se pretendía por parte del gobierno, aplazar el alza hasta el mes de enero de 2025.
Es decir, no hay a la vista una solución de fondo al déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que ha venido subsidiando el precio que de por sí es elevado en Colombia. Expertos en la materia, critican que siendo productores de petróleo crudo y teniendo refinerías en el país, se insista en la fórmula de comercializar el producto final a precios internacionales, como si tuviéramos que importarlo de otras latitudes; ese modelo es el que debe cambiar en el territorio patrio, para que este sector de la economía sea beneficioso para la ciudadanía en general.
Tenemos el ejemplo del Ecuador, cerca de nuestra frontera, donde el diésel y la gasolina son mucho más baratos para sus connacionales, pero lo que exportan si lo venden de acuerdo al mercado de oferta y demanda internacional; facilitando que sus ciudadanos tengan mayor oportunidad de desarrollo y competitividad en un país que es ejemplo de buena infraestructura vial, aérea y hotelera.
Así las cosas, importante encontrar una solución que equilibre las necesidades de financiamiento para infraestructura con las necesidades de los transportistas y la sociedad colombiana, pero que no sean medidas temporales, sino un marco jurídico que permita establecer un modelo de comercialización de combustibles justo para el consumidor y rentable para quien lo produce.
La solicitud del gremio transportador concentrado en diferentes puntos del departamento y Colombia, es que se derogue el decreto que determina el alza del ACPM, para levantar esta movilización.
