Ante la plenaria de la Cámara de Representantes, el Ministro de Defensa Iván Velásquez, reiteró que las fuerzas legitimas del Estado, seguirán combatiendo a los grupos al margen de la ley.
“La orden presidencial es tomar el cañón del Micay y se ha avanzado en ese sentido. Esperamos que pronto podamos mostrarle al país cómo con la acción de la Fuerza Pública tomamos control legal efectivo del territorio” – insistió Velásquez.
Dado el brote de violencia en la región suroccidental, donde se presentan combates constantes, atentados terroristas, amenazas, desplazamiento forzado y confinamiento, la Cámara de Representantes adelantó una moción de censura, contra el titular de la cartera de Defensa, para exigir mayores resultados en el restablecimiento del orden público.
Juan Daniel Peñuela, representante por Nariño, denunció que en 44 municipios del departamento hay presencia de actores armados ilegales por lo que es necesaria una intervención urgente y contundente del aparato estatal. «El Estado debe garantizar la seguridad de los nariñenses y de toda Colombia», enfatizó.
Y aunque el ministro defendió la gestión del gobierno Petro, las cosas en la zona de conflicto parecen no favorecer el empeño de la administración nacional, cada 33 horas hay un hostigamiento, un combate o un atentado contra la fuerza pública, lo preocupante es que no es un tema nuevo, la grave situación lleva meses con esa dinámica de hostilidades.
Por su parte David Racero, quien también hace parte de la Cámara de Representantes, argumentó que, hay que debatir con las cifras que en temas de paz han sido contundentes. «Hay cosas por mejorar, pero por ejemplo zonas como el Cañón del Micay, se han venido recuperando», destacó Racero, en un intento por respaldar la política gubernamental con respecto al manejo del conflicto armado interno.
Lo cierto es que la “Paz Total” promulgada por el gobierno, está lejos de ser una realidad por las tremendas diferencias que existen incluso entre los mismos frentes que componen los grupos guerrilleros, mientras unos permanecen en mesas de dialogo, otros insisten en negociar en medio de las balas.
Si bien, restablecer el control territorial por parte de Ejército y Policía se hace necesario para garantizar la seguridad, no se debe olvidar temas como el acceso a la educación, salud y vivienda digna de los miles de habitantes de las zonas más vulnerables del país. Atacando los problemas estructurales de las comunidades se logrará no solo alejarlos del reclutamiento forzado, sino también del clima de violencia donde varias generaciones han crecido, sin conocer la tan anhelada paz.
