El senador Robert Daza, denunció la difícil situación que viven cientos de auxiliares de enfermería a quienes les adeudan hasta 7 meses de salario sin que haya certeza que puedan acceder con prontitud al dinero que por derecho les corresponde.
Para quien por vocación haya decidido estudiar enfermería y prestar sus servicios a diferentes IPS, el panorama laboral es bastante complicado, dado el alto número de auxiliares que cada año se gradúan y luego salen con una hoja de vida debajo del brazo, en busca de un trabajo que les permita no solo aplicar sus conocimientos sino además subsistir.
Encontrándose con la desagradable sorpresa que la oferta laboral es reducida y condicionada muchas veces a experiencia, bajos salarios e inestabilidad, pues en su mayoría quienes logran ocupar una vacante, lo hacen por orden de prestación de servicios, una modalidad de contratación que no ofrece mayores beneficios y en la que se cumple el contrato y no hay ninguna obligación por parte del empleador de renovar, pagar prestaciones o liquidación.
Sumado a esto está también presente la tercerización, es decir, los aspirantes tienen que vincularse a una empresa externa, que a su vez es contratada para prestar los servicios por la EPS, haciendo que el trámite no solo sea lento, sino que depende de muchas manos que al final son quienes se llevan la mayoría de recursos.
No siendo suficiente con todo esto tienen que enfrentar el incumplimiento en los pagos de salarios que también suelen pagarse por turnos realizados, no por lo que realmente merecen por la loable labor que desempeñan.
Según el senador Daza, varias madres cabeza de familia que se capacitaron para ser auxiliares de enfermería y cuidar a la población de adultos mayores o personas en condición de discapacidad del municipio de La Unión, han sido convocadas para protestar y reclamar la cancelación de los dineros adeudados.
Una de las afectadas afirma que desde el gobierno nacional ya desembolsaron los recursos necesarios para efectuar los pagos a miles de enfermeras y enfermeros en todo el país, pero que estos recursos están estancados en las EPS, que deberían haberlos girado a las Instituciones Prestadoras de Salud, para que finalmente lleguen al bolsillo de los y las profesionales.
Por último, el legislador Robert Daza, hizo un llamado al superintendente de salud, para que intervenga rápidamente y se logre el pago oportuno de esta deuda superando así la crisis en la que están cientos de familias no solo de quienes laboran en el cuidado de los más vulnerables, sino también de sus allegados a quienes se les niega el servicio y deben asumir sin el conocimiento necesario o la falta de recursos económicos la protección de sus seres queridos.
