Tras varios hechos graves presentados en el suroccidente colombiano donde la violencia no da tregua, desde la presidencia de la Republica, se informó a la opinión pública que se daba por terminado el cese al fuego bilateral entre las fuerzas armadas del estado colombiano y las disidencias de las antiguas Farc.
Según se conoció la copa que rebotó el vaso fue el ataque del que fueron objeto integrantes de la guardia indígena del municipio de Toribío (Cauca), donde resultó muerta Carmelina Yule, y heridos otros integrantes de esa organización.
La agresión por parte del frente Dagoberto Ramos, se habría presentado mientras los indígenas intentaban rescatar a un miembro de su comunidad que había sido raptado por los insurgentes; sin embargo, este es apenas uno de los casos denunciados por los pobladores de la región. En Nariño, por ejemplo, las muertes por enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, se han vuelto comunes.
El desplazamiento de comunidades enteras en la costa pacífica y en la zona de cordillera también ha sido una lamentable noticia que se repite constantemente en lo que va corrido del año, sumado al fenómeno de confinamiento, de otros pobladores que no pueden salir de sus veredas por temor a ser asesinados o caer en campos minados.
Varios son los mandatarios locales que han acudido a la Gobernación de Nariño, para gestionar ayudas ya que su capacidad es poca ante la magnitud del problema que deben enfrentar en territorio, viéndose en calzas prietas y sin solución a la vista.
Tras ese complejo panorama, tropas del Ejército y la Policía Nacional, han iniciado operaciones ofensivas en Valle, Cauca y Nariño tal como lo manifestó el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, quien fue enfático en sus instrucciones a los comandantes de la región en adelantar una serie de avances tácticos para recuperar el territorio y garantizar el restablecimiento del orden público.
“La suspensión del cese al fuego, podría resultar en un posible aumento de violencia, nuestra misión es proteger a la población civil y mantener la seguridad en medio de estos desafíos, pero debemos de estar preparados para enfrentar un escenario de incremento en nuestras operaciones militares y enfrentamientos con estos grupos insurgentes” – señaló el alto oficial ordenando además iniciar los operativos a las cero horas de este miércoles 20 de marzo.
El acuartelamiento de primer grado de las tropas, indica la gravedad del asunto y genera entre la población civil atrapada en medio de la confrontación, la incertidumbre por una posible escalada violenta por parte de la guerrilla, en respuesta a las operaciones militares.
Por último, las comunidades indígenas que se oponen al reclutamiento de menores y piden respeto por sus territorios, han denunciado la existencia de un “plan pistola”, contra los líderes de sus resguardos especialmente en límites entre Cauca y Nariño, donde ya se han registrado múltiples amenazas.
