El departamento de Nariño se ha vuelto desde hace algunos años, tristemente célebre, no por la belleza de sus paisajes, la habilidad de la gente para hacer arte, la riqueza musical y gastronómica o por su variedad de climas y productos agrícolas; si bien hacen parte de la esencia nariñense, no es por ello que esta zona sur del país figura en el panorama nacional y mundial.
El lastre de la violencia desde hace décadas se instaló en esta tierra para convertir lo que era un remanso de paz, en un campo de batalla, donde confluyen gran parte de los actores armados al margen de la ley que a sangre y fuego quieren dominar en el territorio y enriquecer sus arcas con todo tipo de actividades ilícitas.
La población civil la más afectada en medio del abandono estatal, la falta de inversión social y el fragor de las balas; no hay mucho que puedan hacer más que huir de sus pequeños caseríos, buscando refugio en los cascos urbanos de municipios que sufren la pobreza y la indiferencia de los gobiernos de turno.
Son varias las promesas, los proyectos a medias y las obras inconclusas que se cuentan en Nariño, pero a pesar de los esfuerzos locales, no hay bandera blanca a la vista, por el contrario, son cada vez más las comunidades a las que la violencia les ha cambiado la vida.
En el más reciente informe de las Naciones Unidas, con respecto a la agudización de conflicto en Colombia, en lo que respecta al departamento de Nariño, so 24 los municipios que presentan un alto índice de asesinatos, desplazamiento y confinamiento, de ellos, 6 ubicados en la costa pacífica encabezan el listado oficial, no solamente a nivel seccional sino nacional.
El documento entregado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, registra que, en 2023, ocurrieron 21 asesinatos de líderes comunitarios, de los cuales 3 son mujeres.
Nueve de las víctimas eran defensores de Derechos Humanos, y pertenecieron a comunidades étnicas; otros 5 eran integrantes del pueblo indígena Awá, cuatro afrodescendientes y tres miembros de juntas de acción comunal.
Relata, además, que en el lapso de un año ocurrieron 10 masacres y fueron asesinados 5 aspirantes a cargos de elección popular, ensombreciendo el panorama democrático, en territorios donde presuntamente la gente fue obligada a votar o a no participar de los comicios con libertad, (lo último, según denuncias públicas de varios candidatos).
La investigación de la ONU, da cuenta de 31.030 personas desplazadas y 11.099 en situación de confinamiento, siendo los municipios más afectados los que se encuentran en la zona costera y en la cordillera nariñense.
Ante la delicada situación Juliette De Rivero, Representante en Colombia, del Alto Comisionado de la ONU, para los Derechos Humanos dijo que, “Es esencial escuchar las voces de los y las defensoras de Derechos Humanos, y dialogar con ellos para fortalecer la llegada del Estado a las comunidades, la gobernabilidad y la paz territorial”.
Sin embargo, el panorama en lo corrido del año 2024, no parece mejorar; es cada vez más peligroso liderar procesos de transformación en las comunidades apartadas, por cuanto no hay garantías de seguridad y en las autoridades locales se siente el sinsabor de no poder hacer nada ante la magnitud del problema, el informe anual de este importante organismo internacional es apenas la punta del iceberg, es decir, lo que se evidencia en cifras, pero las causas estructurales de esta lamentable situación van mucho más allá; Nariño, no tiene condiciones reales de progreso, no hay industria, ni conectividad, son muy precarios el acceso a la educación, la salud y la inversión social.
Y a pesar del enorme potencial de su gente y de recursos naturales, la mirada de un estado burocrático y los intereses del gobierno central están puestos en otros horizontes. Corresponde a los nariñenses luchar con las uñas para salir de este atolladero y a quienes fueron elegidos con voto popular alzar la voz ante los entes nacionales e internacionales para cambiar esta dura realidad; la paz no es solamente un discurso, es el anhelo de millones de colombianos.
