A través de un comunicado firmado este lunes, la Procuraduría General de la Nación informó a la opinión pública que, formuló pliego de cargos al director de servicios de Apoyo y Representante legal de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Gustavo Adolfo Silva Quintero, y a Luis Mauricio Rodríguez Neira, supervisor del contrato de obra designado por el Fondo Adaptación, quienes presuntamente habrían incurrido en omisiones durante el tiempo de ejecución de un proyecto de viviendas familiares en La Unión Nariño.
Según el ente de control, las primeras indagaciones apuntan a que los dos funcionarios no tuvieron en cuenta la falta de instalación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), así como el sistema hidroneumático, que garantizaría el servicio en las edificaciones, lo cual afectó gravemente la infraestructura que no pudo ser entregada a los beneficiarios, y no bastando el incumplimiento, se abandonó la obra causando su deterioro total.
Lo que iba a ser un complejo habitacional para 95 familias denominado Urbanización Lucerna, es hoy un “elefante blanco”, en el que se determinará más adelante las responsabilidades del incremento presupuestal, afectando no solo a quienes aparecen como los primeros beneficiarios, sino a nuevos proyectos que no se ejecutarán porque los recursos que debieran destinarse a modernas viviendas deben ahora tratar de recuperar lo que quedó de esta iniciativa.
De forma preliminar, la Procuraduría, sostiene que, “por la posible actuación de los servidores se afectaron los principios de responsabilidad, eficiencia y economía y se calificó la falta de Silva, como disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima; y la de Rodríguez, como falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa grave”.
