*Imagen: semanarural.com
La situación de orden público en la subregión de Sanquianga, en la costa pacífica nariñense, sigue siendo alarmante. Los desplazamientos forzados continúan como una triste realidad para cientos de familias que habitan en esta área, donde la presencia de grupos armados ilegales y sus enfrentamientos constantes hacen que la población civil se vea obligada a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
Al menos 350 familias de dos poblaciones costeras han tenido que buscar refugio debido al acoso permanente de las balas. Entre los desplazados se encuentran niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y jóvenes, todos víctimas de este nuevo brote de violencia que azota la región.
Los municipios de Olaya Herrera, El Charco y Tumaco se han convertido en epicentros de las acciones bélicas, por ser puntos estratégicos para el narcotráfico. Aunque paradójicamente estos lugares pueden experimentar una aparente “bonanza económica” en un principio, con el tiempo surgen disputas territoriales y divisiones internas entre los grupos armados que controlan la zona, desencadenando una espiral de violencia que cobra vidas diariamente.
En medio de este complejo panorama, la población civil se encuentra atrapada, sin otra alternativa que huir ante los combates constantes que ponen en riesgo sus vidas y la de sus familias. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, ha reiterado la necesidad de una paz territorial, donde los actores armados asuman compromisos con el Estado para resolver los problemas estructurales que alimentan el conflicto.
Estos problemas incluyen la falta de inversión social, la educación precaria, el acceso limitado a servicios de salud, la ausencia de vivienda digna y el apoyo insuficiente a la cultura y el deporte como agentes transformadores de la sociedad.
La paz territorial no solo implica la cesación de hostilidades, sino también la construcción de un entorno donde la población pueda desarrollarse de manera segura y próspera, garantizando el respeto por los derechos humanos y la inclusión social y económica de todos los ciudadanos.
Es imperativo que las autoridades competentes trabajen de manera coordinada y comprometida para abordar las causas profundas de la violencia en la costa pacífica nariñense y brindar soluciones efectivas que garanticen la protección y el bienestar de su población.
