*Foto: ICBF
Un hecho repudiable quedó al descubierto cuando la revista Cambio, dio a conocer una investigación adelantada en el departamento de Nariño, y en la que presuntamente se conformó un cartel de familias falsas, para justificar la inyección de recursos a un programa destinado a atender núcleos familiares en condición de vulnerabilidad, pero que en realidad dichos dineros, habrían terminado en las arcas de un grupo de personas particulares.
Con el fin de prevenir el maltrato infantil en la costa pacífica, se creó una unión temporal a la que llamaron Mi Familia UT, conformada por la Corporación Colombia en Paz y Social Corposocial, y la IPS Afrosalud, a quienes se les confió un importante contrato en favor de los niños; pero que, según las indagaciones, se habría presentado una falsificación sistemática de registros de familias, que figuraban en el papel como atendidas.
La anomalía se descubrió cuando en un proceso de verificación de los beneficiarios, que según las planillas eran 3.930 familias, de un total de 812 llamadas telefónicas, solo 441 respondieron, de esa cifra 62 no conocían de que se trataba el programa y los restantes eran datos inexistentes o incorrectos, lo cual prendió las alarmas del ICBF, y mereció la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
Los hallazgos que hasta el momento se han hecho públicos, datan que además se habrían alterado extractos bancarios, para hacer parecer que se ejecutó correctamente la inversión en 16 municipios. Quien aparece como responsable de la Unión Temporal Mi Familia, y es su representante legal es Geraldine Estefanía Vergara, hija del político Haiden Otoniel Vergara Quiñones; quien se vio envuelto en otro escándalo referente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva, siendo acusado por corrupción.
Según las primeras pesquisas, habría también participación de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que favorecieron a Otoniel Vergara, para que al final resultara elegido para operar estos recursos millonarios, siendo así, y si la Fiscalía logra establecer con claridad las responsabilidades estaríamos frente a una intrincada red de corrupción en la que particulares se apropian de recursos públicos, dejando sin protección a quienes en realidad necesitan de la presencia del estado.
La cercanía entre Haiden Vergara y Martha Isabel Tovar, asesora del ICBF, con influencia directa en la institución, quedó en evidencia luego de revelarse unos audios en los que tratan el tema con familiaridad.
Hasta el momento se conoce que una aseguradora pagó la multa por valor de $ 1.412 millones de pesos, ante el incumplimiento de Mi Familia UT, y que Martha Isabel Tovar, fue vinculada a una investigación interna, mientras que María Mercedes Arellano, directora del ICBF en Nariño, fue declarada insubsistente. Lo cierto es que no hay avances significativos dentro de este proceso e incluso la revista Cambio, se refiere a intimidaciones que recibieron los funcionarios encargados de realizar la supervisión, por lo cual tuvieron que salir de Tumaco.
Por último, en un comunicado el ICBF, afirmó que van a revisar el sistema y la estructura de la contratación y que, además, se tiene en la mira otros casos de incumplimientos por parte de los operadores en diferentes programas que adelanta la institución en Nariño.
