Mediante el boletín 1584, fechado este 30 de noviembre de 2023, la Procuraduría General de La Nación, alerta sobre la compleja situación de violencia que se vive en varias poblaciones del departamento de Nariño.
Según el comunicado de la entidad, en poblaciones como Samaniego, Santa Cruz y La Llanada persisten desplazamientos y amenazas de grupos armados, sin que se logre evidenciar con claridad que acciones ha tomado el gobierno Petro, para afrontar esta problemática.
El ente de control, advierte sobre la “, presunta omisión de funciones de algunas entidades que, pese a los compromisos asumidos en materia de educación, salud y ayudas humanitarias, no han cumplido con ellos.”, se lee en un aparte del documento oficial.
Se refiere también a la ola de violencia desatada por el enfrentamiento constante de grupos armados que han causado el confinamiento de muchos campesinos y el desplazamiento hacia los cascos urbanos de otros tantos, sin que haya una solución pertinente que frene los hechos de sangre.
El requerimiento del Ministerio Público advierte que “tampoco se han trazado planes para garantizar la atención de, por lo menos, 1.500 indígenas del resguardo indígena El Sande, del municipio de Santa Cruz, que permanecen confinados como también otros 600 habitantes de La Llanada, así como la atención de la población desplazada que aún permanece en el municipio de Samaniego.”, con lo cual ponen de manifiesto la posible omisión de funciones de varias instituciones del estado colombiano.
En ese mismo sentido el cuestionamiento del órgano de control va más allá, cuestionando que, en muchas zonas del departamento de Nariño no se han activado, al parecer, protocolos de verificación de cese al fuego, en el marco de las negociaciones, que adelanta el Gobierno con los grupos armados.
Así las cosas, el panorama en cuestión de orden público, es sombrío en esta región, tal como lo advierte la Procuraduría, siendo la población civil la más afectada por el conflicto. Por último, el organismo instó, no solo al Gobierno central, sino también a las autoridades regionales a coordinar las misiones humanitarias que permitan ingresar a los territorios confinados y garantizar el regreso a sus localidades de los desplazados.
