Una gran preocupación existe entre los funcionarios de este órgano de control, encargados de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales, como parte de su misión constitucional.
Según el más reciente informe fechado el 22 de octubre de 2023, la zona fronteriza con Ecuador, se ha convertido en un punto crítico, por la cantidad de personas que cruzan desde el vecino país, muchos de ellos haciendo un largo y penoso recorrido para llegar a Estados Unidos.
Si bien, hay un número considerable de extranjeros que ingresan a territorio colombiano, de manera legal, es mayor la cifra de quienes en un estimativo de la Policía Nacional, lo hacen de manera irregular, aprovechando la difícil topografía de los 393 kilómetros que comparten ambos países y en los cuales se han detectado alrededor de 35 pasos informales.
Las cifras que se manejan de manera oficial, hacen referencia a 88.000 personas que cruzaron legalmente, muchos de ellos por el Puente Internacional de Rumichaca, o por San Miguel, en el vecino departamento del Putumayo; mientras que 150.000 migrantes pasaron la frontera por sitios no autorizados.
Ante este delicado panorama, Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, viajó a la región para conocer las condiciones en que llegan allí los migrantes, verificar si reciben algún tipo de atención por parte del Estado y cuáles son sus necesidades más apremiantes.
En diálogo con las comunidades, las agencias de cooperación internacional y con las entidades presentes en Ipiales, el equipo pudo determinar que, entre las situaciones más graves que estos afrontan están las dificultades de acceso a servicios, pues el 73 % de las familias deben pernoctar en calle o parques públicos, el 75 % no tiene acceso suficiente al agua de consumo humano y solo el 2 2% pudieron acceder a uno de los siete alojamientos humanitarios instalados por la cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales presentes en el municipio, que funcionan sin ningún apoyo del Gobierno nacional, departamental o local.
Sarmiento, expreso su inquietud, por la falta de presencia policial o militar en los puntos ilegales detectados, por donde de manera peligrosa cientos de personas transitan buscando un nuevo destino, situación que es aprovechada por grupos armados al margen de la ley, para controlar el territorio y someter a los migrantes a todo tipo de abusos.
La falta de interés del Estado, a través de la institucionalidad evidencia, por ejemplo, que no hay un programa de atención y prevención por parte del ICBF, para los niños, niñas y adolescentes, que transitan solos por intrincados caminos, trochas que ponen en inminente riesgo su vida. Tampoco hay apoyo de las administraciones locales, como alcaldías, o a nivel departamental, lo que ahonda la crisis, pues los esfuerzos realizados por organismos de cooperación internacional, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de los extranjeros, vulnerables en todo sentido.
