Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo, en Nariño, la situación de vulnerabilidad de los menores de edad en las zonas de conflicto, es preocupante; pues son presa fácil de grupos armados al margen de la ley, los cuales hacen presencia en el territorio.
El documento oficial, pone de manifiesto que desde el 2020, se han registrado 20 casos de reclutamiento de menores en Nariño, siendo el primer semestre de 2023, el periodo que más denuncias por este delito se recibió con 7 casos: tres en Tumaco, dos en Barbacoas y de a uno en Policarpa y El Charco.
Los menores reclutados, no solo son obligados a enfrentarse a otros grupos o con la fuerza pública, sino, además, en la mayoría de los casos son sometidos a abusos sexuales, trabajos forzados e incluso a pena de muerte si se rehúsan, siendo paradójicamente víctimas y combatientes al mismo tiempo.
A pesar que existe la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento en Nariño, está no se ha reunido en el primer semestre del 2023, de manera que cualquier acción en torno a evitar que menores de edad sean obligados a pertenecer a grupos al margen de la ley, es ineficaz.
Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, se refirió al espinoso tema: “No obstante, a través de la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez y la Defensoría Regional Nariño, como es nuestro deber misional, gestionamos para el próximo 19 de julio la primera sesión de la Mesa, así como también logramos que para esa fecha se cuente con un plan de acción de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de menores de edad”, – Subrayó el funcionario.
La entidad ha emitido en este 2023 dos Alertas Tempranas para ese territorio, la costa Pacífica nariñense y los municipios de la cordillera y de la frontera colombo-ecuatoriana sobre el riesgo de reclutamiento.
Otro punto preocupante es que existe una alta probabilidad de subregistro, pues ante el miedo de ser desplazados o asesinados, los familiares de menores reclutados prefieren callar. Así lo manifiesta este informe de la defensoría y lo ratifica el director del organismo; “Las familias no denuncian por temor. Es clave fortalecer la implementación de la ‘Línea de política pública de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados’, pues se están propiciando factores que inciden para que sigan siendo vinculados a los grupos ilegales”, – Concluyó Camargo Assis.
