Unidades del Ejército y de la Policía Nacional, dieron a conocer los primeros registros fotográficos de una serie de piscinas artesanales utilizadas por grupos al margen de la ley, para sustraer crudo del oleoducto Trasandino, en zona costera del departamento de Nariño.
Según el informe oficial, se encontraron 52 válvulas instaladas sobre la tubería, en una extensión de 20 kilómetros, con cada instalación fraudulenta lograban obtener un promedio de 20 mil galones del combustible, dejando una renta aproximada de 3.500 millones de pesos.
Al ser las piscinas unas estructuras artesanales, que no cuentan con medidas de seguridad, regulación o plan de contingencia ante cualquier eventualidad, han causado un daño irreparable al suelo donde han sido instaladas y también a los afluentes hídricos de la zona, contaminando el agua y poniendo en peligro el frágil ecosistema, afectado además por la tala indiscriminada y los cultivos de uso ilícito.
La operación conjunta de las fuerzas del Estado, corresponde al Plan Ayacucho, que ya ha asestado importantes golpes a organizaciones alzadas en armas, en esta región del país; El general Carlos Alberto Padilla, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que participa en esta ofensiva militar, lamentó la situación y dio pistas a quien pertenecería este tipo de infraestructura, ““Estas válvulas ilícitas serían de las disidencias de la Segunda Marquetalia, con su estructura Oliver Sinisterra y el comando coordinador de occidente, estructura Urías Rondón en zona rural de Tumaco y Barbacoas en Nariño.” – Puntualizó el alto oficial.
Ahora la prioridad será redoblar esfuerzos y unidades para evitar que este tipo de hurtos de carburante se presenten nuevamente, ya que el oleoducto es uno de los activos importantes del país, causando no solo la pérdida de recursos económicos sino el debilitamiento del medio ambiente, que en algunos casos ya no se puede reparar.
El combustible adquirido ilegalmente se usaría por parte de los grupos armados, en el procesamiento de la hoja de coca, y vendido de contrabando, fortaleciendo las finanzas, la capacidad militar y logística de diferentes estructuras de la denominada segunda Marquetalia.
En el operativo hubo cooperación interinstitucional entre la Policía, con la especialidad de Carabineros, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación, y el Ejército Nacional, que continúan con la difícil tarea de hacer presencia en los territorios, adelantar investigaciones y combatir todo tipo de delitos.
