La situación económica para el departamento de Nariño, no es la mejor, una serie de factores adversos han golpeado a los microempresarios que con las uñas intentan superar una problemática que parece no terminar. Por el contrario, no se ve una solución oportuna ante el clamor de los gremios y de los gobernantes locales, que han pedido de manera reiterativa la declaración de emergencia económica.
Hace unos días los paneleros anunciaban la suspensión de su actividad comercial en Sandoná, donde se reunieron varios representantes de los cañicultores y los dueños de trapiches, manifestando que están trabajando a pérdida, dado los precios bajos de la panela a nivel nacional.
Otro sector que ha expresado dificultades para sacar su cosecha hacia los principales centros de abasto de las grandes ciudades es el papero, que debe sortear todo tipo de dificultades para cumplir itinerarios de viaje, por las condiciones de las vías que conducen al interior del país.
Las cuales, según el gremio transportador, no permiten el acceso de camiones de gran tonelaje, encareciendo los precios del producto y demorando aún más los tiempos de llegada y descargue de la papa en los mercados de destino, no siendo suficiente con eso hay que sumarle los costos de fertilizantes que suben sin que ningún ente de control se pronuncie en favor de los agricultores.
Ahora, el sector lechero, ha puesto de manifiesto la dura situación que atraviesan en todo el departamento, aseguran que las iniciativas propuestas por el gobierno nacional, no han surtido efecto y por el contrario afectan al sector productivo, adicional a la falta de cumplimiento en la compra de la producción láctea de esta región, no ven con buenos ojos el asunto del Impuesto predial multipropósito, con el cual desde la Casa de Nariño, se pretende recaudar mayores recursos para los municipios, pero que golpearía duramente el bolsillo de los contribuyentes, al presentarse incrementos superiores al 200%, tal como ocurrió en el vecino departamento del Cauca.
También les preocupa el tema laboral, pues no cuentan con un sistema sólido que les permita alcanzar una pensión a quienes se dedican a las labores del campo, ya que muchos de ellos trabajan el día en varias fincas, sin poder cotizar, por los bajos salarios que reciben que apenas les da para subsistir. La carga prestacional para los dueños de pequeñas ganaderías, según los interesados, ahogaría la producción doméstica, al no poder contratar trabajadores con todo lo que exige la norma.
Ante esta situación, proponen ayudas efectivas del gobierno, como la creación de un fondo que asuma en gran medida estas obligaciones y ayude en la cadena de comercialización de los diferentes productos y cosechas que se dan en el sur occidente y que por los bajos precios están llevando a la quiebra a miles de familias de campesinos que derivan su sustento de la actividad agrícola o pecuaria.
La competencia con respecto a productos importados subsidiados por los gobiernos de donde provienen, ponen en desventaja a los campesinos del país, que no cuentan con infraestructura, logística y mecanismos de producción a gran escala que pongan en iguales condiciones la producción nacional con respecto a la extranjera, que en la mayoría de los casos es más fácil de adquirir por parte del consumidor final, gracias a los tratados de libre comercio. Es allí donde se requiere el concurso del gobierno nacional, pero tal parece que no existe una política pública de acompañamiento y respaldo para los pequeños emprendedores.
