En zona rural de Tumaco, un importante grupo interdisciplinario conformado por organizaciones de la sociedad civil y autoridades étnico territoriales, trabajan con base en información suministrada por víctimas del conflicto armado y por ex combatientes de la columna Daniel Aldana, de las antiguas Farc, en torno a la ubicación de los restos de personas reportadas como desaparecidas.
Hasta el momento según la unidad, se han recuperado 5 cuerpos, tres de ellos por una investigación realizada en 2021, los dos restantes por indagaciones del año 2023. Esta loable labor no ha sido fácil para quienes pretenden con esta iniciativa esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos de violencia, dadas las condiciones geográficas del litoral pacífico, donde el ingreso es bastante complejo, sumado a las hostilidades de grupos al margen de la ley, que persisten en la zona.
Este plan es prioritario y hace parte del macro caso 02 de la JEP, donde se evidenciaron graves violaciones a los derechos humanos y al DIH en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y 2016.
Otro riesgo que corren quienes buscan en el territorio es el tema de los campos minados, que hacen que el avance sea lento, sin embargo, la sistematización del universo de víctimas declaradas como desaparecidas, el procesamiento de la información y el afán de hallar la verdad entre víctimas y comparecientes desmovilizados, han ayudado en los casos referenciados a fortalecer las rutas de trabajo permitiendo la exhumación de los cuerpos y la ubicación de 31 cadáveres más, así como los posibles sitios donde estarían enterrados otros 15 restos humanos.
Cabe resaltar que el tratamiento de datos recopilados dentro de la investigación se realiza bajo el mandato humanitario estipulado en la JEP, guardando en todo momento el principio de confidencialidad de personas, lugares y comunidades donde se desarrolla el plan.
Tumaco y su zona rural ha sido, desde finales de la década del noventa, un territorio en disputa por diversos grupos armados, debido a la ubicación estratégica para el control de rutas del narcotráfico y del territorio. El periodo entre 1998 y 2014 es la época con mayores desapariciones forzadas, desapariciones por reclutamiento y desapariciones por participación en las hostilidades.
La perla del pacifico, así como Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán y Santa Bárbara hacen parte de los municipios de cobertura del Plan Regional de Búsqueda Pacífico Nariñense, que tiene un universo preliminar de 1.478 personas dadas por desaparecidas hasta el 1 de diciembre de 2016.